No es ninguna broma, ni menos una cuestión baladí el recurso al régimen franquista del que hacen uso algunos representantes públicos del PP en esta provincia. No es algo que debiera pasarse por alto y ser tratado como una anécdota y sí, por el contrario, descalificado expresamente y rechazado con toda firmeza. Nadie con un mínimo de sensibilidad democrática puede siquiera insinuar simpatía por un régimen político autoritario, condenado por las instituciones internacionales y por el mismo Congreso de los Diputados.
Nadie que haya interiorizado los elementos básicos de la democracia puede sentirse identificado, ni siquiera parcialmente, con el franquismo y si lo hace debe abandonar de manera inmediata sus cargos de responsabilidad en los partidos e instituciones democráticas. Quien justifica, ampara, protege, mantiene aunque sea simbólicamente o califica orgullosamente una forma dictatorial e inhumana de regir la convivencia, como fue el franquismo es, sin duda, una persona inhabilitada para constituir cualquier tipo de organismo constitucional.
Quien, para conseguir algunos votos nostálgicos, sostiene el recuerdo de unos años duros, en los que los derechos humanos eran sistemáticamente violados, en los que las prisiones estaban repletas de personas por el solo hecho de su ideología, en los que la pena de muerte se aplicaba sobre la base de procesos espurios y sin garantías, etcétera, es, sencillamente, cómplice del terror. Y digo terror con todas las palabras, aunque muchos españoles de entonces no lo padecieran, pues no llegaron nunca a cumplir la mayoría de edad, esa que concede derechos; esa inmensa mayoría nunca ejerció los de libre expresión, opinión, reunión, manifestación, etcétera.
Quienes renunciaban a su ejercicio vivieron en paz. Aquellos que, por el contrario, lucharon por lo que hoy disfrutamos con normalidad, experimentaron en sus carnes el miedo, el terror, la cárcel, el expolio de sus bienes y la discriminación de sus familias. Muchos habrá que nieguen estos hechos y lo harán obviando la realidad; tan empecinados están algunos en justificar sus creencias sobre la base de la falsedad que no dudan en falsear la misma realidad, incluso mintiendo a quienes no vivieron aquellos años y fabulando sobre sus supuestas grandezas. Son tan irresponsables que pueden estar transmitiendo el germen del odio, de la división, de la falta de respeto al prójimo. Negando que entonces sólo había una ideología, la oficial y que quien mantuviera otra era, sencillamente, un delincuente y como tal era tratado.
Que una concejal, en este caso de Orihuela, ose calificar el franquismo como el exponente de la España "grande y libre", no es sólo una estupidez que como tal la califica, sino la expresión de que la democracia no ha calado en quienes se encuentran más a gusto en el ámbito de la "grandeza y libertad" del partido único, de la imposición al otro. Si para alguien la negación de los derechos y libertades es expresión de esa grandeza y libertad, ese alguien debe ser inmediatamente excluido de los ámbitos representativos de un régimen democrático. Entiéndaseme bien, no excluido de sus derechos, los que reconozco y respeto, pero sí de la representatividad democrática, pues no cree en ella. O, al menos, de la que defiende un partido, como el PP, cuyos estatutos son democráticos e incompatibles con quienes admiran o respetan siquiera el autoritarismo. Es, pues, el PP el que debe actuar con firmeza y no tolerar actos como los que cito en estas líneas. Que los ayuntamientos de Alicante y Benidorm, así como la Diputación Provincial, mantengan los títulos de hijo predilecto a Franco, constituye una ignominia que sobrepasa el hecho del incumplimiento de la ley de la memoria histórica y quien vota a favor de esa perpetuación de la dictadura un irresponsable con inclinaciones autoritarias, por muchas justificaciones que busque en argumentos que en otro país le descalificarían absolutamente.
La reconciliación sólo puede ser plena cuando se reconozca la realidad, cuando se acepte la cualidad dictatorial del régimen franquista sin paliativos, cuando se asuman sus injusticias, cuando se honre a sus víctimas. Nadie busca ya una condena de los vencedores. Ellos ya han sido condenados por todos, menos por sus nostálgicos. Pero sí el respeto a los vencidos, ese respeto merecido por el hecho de que lo que defendieron es el conjunto de valores que hoy presiden la convivencia democrática. Mayor prueba de su razón es imposible.
Se niega el Puerto de Alicante a ubicar en sus instalaciones un monumento a los últimos republicanos que partieron de España o no lo lograron en su mayoría siendo trasladados a miserables campos de concentración. Para ello, no tiene empacho su junta en argumentar normas administrativas que no son de aplicación al caso en una actuación jurídicamente lamentable o en el mejor de los casos susceptible de ser tomada en broma si no fuera porque habrá sido inspirada desde la nostalgia más incomprensible, obviando otras normas, tal vez desconocidas dolosamente, bajo cuyo amparo es imposible negar el recuerdo de la ignominia. Incluso, para oponerse al reconocimiento de los que padecieron la represión, no duda el Puerto en crear una especie de ordenanza posterior a la petición, de caso único, con la que intenta cubrir la realidad de su actuación, que no es la reconciliación como afirman, sino la protección del franquismo. Esa y no otra es la razón que indirectamente amparan los que siempre se encontraron a gusto en la represión de los que hoy son sus adversarios y osan incluso gobernar esta piel de toro.
Si uno va a Europa verá sus ciudades plagadas de homenajes a quienes lucharon contra el fascismo y el nazismo. Muestran con orgullo la resistencia frente a regímenes autoritarios. No sucede lo mismo en España aun cuando el franquismo fue un régimen similar a aquéllos. Negarlo es estulticia o una muestra de proximidad a lo que nunca debe suceder. Qué pena que haya que haber dictado una ley para que la verdad se haga luz, pero mayor pena es que incluso esa ley sea obviada. A todos ellos, a los que quieren perpetuar e idealizar un régimen vergonzoso, les recrimino públicamente su conducta y les llamo a la cordura. Muchos presos y muchos muertos por defender lo que hoy todos disfrutamos, incluso ellos mismos con su conducta ilícita, llaman desde el recuerdo a la honestidad. Y digo honestidad en el sentido más amplio de la palabra. Y quien conteste a este artículo debe saber que en los tiempos de su admirado General no hubiera podido hacerlo; le hubiera costado la cárcel oponerse al Gobierno.
Nota: Qué pena. Cada día es mayor la huella del abandono de Miguel Gutiérrez. Saber que no va a leer estas líneas me entristece. Intentaremos algunos seguir su camino. Mucho nos dejó aunque no seamos capaces de acercarnos a la absoluta fidelidad a lo que pregonó.
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
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05/08/2008
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