martes, 26 de agosto de 2008

Alperi y la desmemoria histórica

El 28 de marzo de 1939, mientras las tropas franquistas tomaban Madrid, un barco ingles, el Stanbrook, se hacía a la mar en Alicante con 500 refugiados a bordo. Alicante se convirtió en el último bastión republicano de la Guerra Civil española. En el puerto se agolpaban vecinos de la ciudad, soldados llegados del frente, campesinos cargados con maletas, baúles e, incluso, aperos de labranza, fugitivos procedentes de Murcia y Albacete, más de 20.000 refugiados que sólo les mantenía en pie la esperanza de ser rescatados por buques enviados por Francia o Gran Bretaña.

Pero los barcos no llegaron y los que fueron avistados viraron en redondo ante la magnitud de la empresa humanitaria a la que debían enfrentarse. Incluso la Mid-Atlantic, formada con dinero de la República española y con sede en Marsella, no quiso arriesgar sus barcos ante la eventualidad de posibles avalanchas. Después de los intensos bombardeos, Alicante se había convertido en una ciudad fantasmal.

Nadie quería caer en manos de la sangrienta dictadura que se avecinaba de la mano de Francisco Franco. Pero la suerte estaba echada. Los que no murieron bajo las balas de los tiradores agazapados en la línea de edificaciones, los que no optaron por el suicidio, extendido como una epidemia, fueron capturados y concentrados en la Plaza de Toros, en el cine Ideal y el Campo de los Almendros. En el campo de concentración de Albatera, abierto el 11 de abril de 1939, los prisioneros que no fueron fusilados se vieron sometidos a todo tipo de torturas y humillaciones, cuando no entregados directamente a los falangistas, que venían de todos los puntos de España, a "cazar" presos conocidos por ellos para fusilarlos en los alrededores del campo. A la luz de los hechos, resulta vergonzoso que Francisco Franco siga ostentando en el Ayuntamiento de Alicante la distinción de hijo predilecto desde 1940, la medalla de oro concedida en 1966 y el título de alcalde honorario perpetuo en una situación a todas luces ilegal.

La Ley de la Memoria Histórica establece, en su artículo 15.1, que las Administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Sin embargo, el alcalde Luis Díaz Alperi parece no querer enterarse.En el pleno municipal del pasado 22 de febrero, el PSPV-PSOE presentó una moción para que el Ayuntamiento aplicara la Ley y anulara las distinciones honoríficas concedidas a Francisco Franco durante la dictadura. Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, respondió exigiendo la recogida de 25.000 firmas para poner en práctica la moción socialista. En abril, el Síndic de Greuges admitió a trámite la denuncia de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante contra el alcalde, también enviada al Defensor del Pueblo, por supeditar la aplicación de la Ley al requisito de la recogida de firmas no contemplado en la misma. Luis Díaz Alperi, después de cuatro meses, se ha amparado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para justificar, en un escueto escrito de siete líneas, su posición.

La postura obstruccionista de Luis Díaz Alperi evidencia su filiación con el pasado franquista, es fiel a la estrategia de los poderes públicos del Partido Popular en la Generalitat Valenciana de boicotear las iniciativas del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, avaladas, con las modificaciones oportunas, por el del Parlamento español y falta al respeto de las víctimas inocentes de la Guerra Civil y el subsiguiente régimen de terror impuesto por el sistema franquista.

Mientras que la moción del PSPV-PSOE y la denuncia del la PIC se inscriben en la legislación vigente, y responden a la deuda moral contraída con las mujeres y hombres que mantuvieron el régimen democrático y republicano, la posición de Díaz Alperi está anclada en la ola neoconservadora interesada en buscar justificaciones al régimen franquista.

La madurez democrática de una sociedad depende de la comprensión y el control de su propio presente para asentar sobre él un futuro digno basado en la realización de los derechos humanos; pero ello sólo es posible si una memoria integrada en el principio de justicia destierra el intento de conservar el pasado tergiversado. Una sociedad democrática no es compatible con el mantenimiento de distinciones honoríficas a uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Conseguir que estas distinciones sean eliminadas es un ejercicio de entereza democrática.

Francisco Javier Segura Jiménez es profesor de Historia.
Diario Información, 27-08-2008

lunes, 25 de agosto de 2008

Otra condena al alcalde

Tras la lectura de las declaraciones del alcalde de Alicante, publicadas en este diario recientemente y referentes a que la llamada Ley de la Memoria Histórica «no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada», es decir, de la retirada de los títulos honoríficos concedidos al dictador y la de los símbolos y exaltaciones del franquismo, la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica condena, una vez más, su reiterada y falaz argumentación, y le invita a reflexionar sobre sus propias palabras y a rectificar públicamente sus impertinentes afirmaciones, tanto en su condición de ciudadano, como, muy en particular, en la que ahora ostenta, transitoria y circunstancialmente, de presidente de la corporación municipal. En una y otra, su conducta debe ser escrupulosamente respetuosa con la legislación vigente y con los valores y principios democráticos que informan a nuestra sociedad.

Situarse al margen del cumplimiento de la ley, y pretender burlarla o diferirla, con amaños y subterfugios, no supone más que un suicidio político, un mayor deterioro de su imagen o un malogro infiltrado en alguna urna.

El señor Alperi debería seguir los consejos del presidente de su partido, señor Rajoy, quien insiste en que las leyes -todas, sin excepción- están para observarlas y acatarlas, y mirarse en el espejo del pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig -o en otros municipios, igualmente vecinos-, cuya alcaldesa, también del PP, convocó, meses atrás, para retirarle al dictador el nombramiento de hijo adoptivo, después de solicitar un informe jurídico, en el que se hace constar el carácter imperativo de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica: decididamente imperativa y no potestativa y aún menos manipulable. Ley que en su artículo 15 establece que: «Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura», por lo que, en aplicación de la misma, procede la retirada- y posterior anulación, por nuestro actual Ayuntamiento constitucional, de las diversas distinciones honoríficas otorgadas al dictador, por corporaciones sumisas al mismo, así como a otros individuos implicados en los supuestos que más arriba se han relacionado.

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica emplaza nuevamente al alcalde para que se retracte de sus evasivas declaraciones habituales y actúe por imperativo no sólo del mandato legal, sino también por la responsabilidad de un cargo democrático, que nadie ni nada debiera empañar.

Por la Comisión Cívica:
Fernando Trives, Daniel Moya, Antonio Martín Lillo, Óscar Llopis, Miguel Mauri, Manuel Parra, Luis Pesquera, Cerdán Tato y otros

lunes, 4 de agosto de 2008

Franco. La memoria histórica y el puerto de Alicante

No es ninguna broma, ni menos una cuestión baladí el recurso al régimen franquista del que hacen uso algunos representantes públicos del PP en esta provincia. No es algo que debiera pasarse por alto y ser tratado como una anécdota y sí, por el contrario, descalificado expresamente y rechazado con toda firmeza. Nadie con un mínimo de sensibilidad democrática puede siquiera insinuar simpatía por un régimen político autoritario, condenado por las instituciones internacionales y por el mismo Congreso de los Diputados.
Nadie que haya interiorizado los elementos básicos de la democracia puede sentirse identificado, ni siquiera parcialmente, con el franquismo y si lo hace debe abandonar de manera inmediata sus cargos de responsabilidad en los partidos e instituciones democráticas. Quien justifica, ampara, protege, mantiene aunque sea simbólicamente o califica orgullosamente una forma dictatorial e inhumana de regir la convivencia, como fue el franquismo es, sin duda, una persona inhabilitada para constituir cualquier tipo de organismo constitucional.
Quien, para conseguir algunos votos nostálgicos, sostiene el recuerdo de unos años duros, en los que los derechos humanos eran sistemáticamente violados, en los que las prisiones estaban repletas de personas por el solo hecho de su ideología, en los que la pena de muerte se aplicaba sobre la base de procesos espurios y sin garantías, etcétera, es, sencillamente, cómplice del terror. Y digo terror con todas las palabras, aunque muchos españoles de entonces no lo padecieran, pues no llegaron nunca a cumplir la mayoría de edad, esa que concede derechos; esa inmensa mayoría nunca ejerció los de libre expresión, opinión, reunión, manifestación, etcétera.
Quienes renunciaban a su ejercicio vivieron en paz. Aquellos que, por el contrario, lucharon por lo que hoy disfrutamos con normalidad, experimentaron en sus carnes el miedo, el terror, la cárcel, el expolio de sus bienes y la discriminación de sus familias. Muchos habrá que nieguen estos hechos y lo harán obviando la realidad; tan empecinados están algunos en justificar sus creencias sobre la base de la falsedad que no dudan en falsear la misma realidad, incluso mintiendo a quienes no vivieron aquellos años y fabulando sobre sus supuestas grandezas. Son tan irresponsables que pueden estar transmitiendo el germen del odio, de la división, de la falta de respeto al prójimo. Negando que entonces sólo había una ideología, la oficial y que quien mantuviera otra era, sencillamente, un delincuente y como tal era tratado.
Que una concejal, en este caso de Orihuela, ose calificar el franquismo como el exponente de la España "grande y libre", no es sólo una estupidez que como tal la califica, sino la expresión de que la democracia no ha calado en quienes se encuentran más a gusto en el ámbito de la "grandeza y libertad" del partido único, de la imposición al otro. Si para alguien la negación de los derechos y libertades es expresión de esa grandeza y libertad, ese alguien debe ser inmediatamente excluido de los ámbitos representativos de un régimen democrático. Entiéndaseme bien, no excluido de sus derechos, los que reconozco y respeto, pero sí de la representatividad democrática, pues no cree en ella. O, al menos, de la que defiende un partido, como el PP, cuyos estatutos son democráticos e incompatibles con quienes admiran o respetan siquiera el autoritarismo. Es, pues, el PP el que debe actuar con firmeza y no tolerar actos como los que cito en estas líneas. Que los ayuntamientos de Alicante y Benidorm, así como la Diputación Provincial, mantengan los títulos de hijo predilecto a Franco, constituye una ignominia que sobrepasa el hecho del incumplimiento de la ley de la memoria histórica y quien vota a favor de esa perpetuación de la dictadura un irresponsable con inclinaciones autoritarias, por muchas justificaciones que busque en argumentos que en otro país le descalificarían absolutamente.
La reconciliación sólo puede ser plena cuando se reconozca la realidad, cuando se acepte la cualidad dictatorial del régimen franquista sin paliativos, cuando se asuman sus injusticias, cuando se honre a sus víctimas. Nadie busca ya una condena de los vencedores. Ellos ya han sido condenados por todos, menos por sus nostálgicos. Pero sí el respeto a los vencidos, ese respeto merecido por el hecho de que lo que defendieron es el conjunto de valores que hoy presiden la convivencia democrática. Mayor prueba de su razón es imposible.
Se niega el Puerto de Alicante a ubicar en sus instalaciones un monumento a los últimos republicanos que partieron de España o no lo lograron en su mayoría siendo trasladados a miserables campos de concentración. Para ello, no tiene empacho su junta en argumentar normas administrativas que no son de aplicación al caso en una actuación jurídicamente lamentable o en el mejor de los casos susceptible de ser tomada en broma si no fuera porque habrá sido inspirada desde la nostalgia más incomprensible, obviando otras normas, tal vez desconocidas dolosamente, bajo cuyo amparo es imposible negar el recuerdo de la ignominia. Incluso, para oponerse al reconocimiento de los que padecieron la represión, no duda el Puerto en crear una especie de ordenanza posterior a la petición, de caso único, con la que intenta cubrir la realidad de su actuación, que no es la reconciliación como afirman, sino la protección del franquismo. Esa y no otra es la razón que indirectamente amparan los que siempre se encontraron a gusto en la represión de los que hoy son sus adversarios y osan incluso gobernar esta piel de toro.
Si uno va a Europa verá sus ciudades plagadas de homenajes a quienes lucharon contra el fascismo y el nazismo. Muestran con orgullo la resistencia frente a regímenes autoritarios. No sucede lo mismo en España aun cuando el franquismo fue un régimen similar a aquéllos. Negarlo es estulticia o una muestra de proximidad a lo que nunca debe suceder. Qué pena que haya que haber dictado una ley para que la verdad se haga luz, pero mayor pena es que incluso esa ley sea obviada. A todos ellos, a los que quieren perpetuar e idealizar un régimen vergonzoso, les recrimino públicamente su conducta y les llamo a la cordura. Muchos presos y muchos muertos por defender lo que hoy todos disfrutamos, incluso ellos mismos con su conducta ilícita, llaman desde el recuerdo a la honestidad. Y digo honestidad en el sentido más amplio de la palabra. Y quien conteste a este artículo debe saber que en los tiempos de su admirado General no hubiera podido hacerlo; le hubiera costado la cárcel oponerse al Gobierno.


Nota: Qué pena. Cada día es mayor la huella del abandono de Miguel Gutiérrez. Saber que no va a leer estas líneas me entristece. Intentaremos algunos seguir su camino. Mucho nos dejó aunque no seamos capaces de acercarnos a la absoluta fidelidad a lo que pregonó.

José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.

Puedes leer este artículo en el DIARIO INFORMACIÓN

05/08/2008